zascandil

Nunca fui un estudiante modelo, así que sólo recuerdo difusamente que en las clases de química nos contaron de la existencia de los llamados estados de transición, a última hora compuestos químicos bien caracterizados y de entidad propia, que sólo existen efímeramente, pero que son indispensables para que se lleve a cabo una reacción química, es decir, que de unos reactivos se llegue a unos productos, compuestos químicos completamente diferentes de los de partida, pasando por ese punto intermedio que es el estado de transición.. Estos estados, moléculas de hecho, tienen una vida fulgurante, tanto que es casi imposible detectarlos. En principio, hay que recurrir a ecuaciones abstractas y a los principios de la mecánica cuántica para darles carta de naturaleza. Parece una cuestión de fe. Por fortuna, la ciencia no es una religión y dispone de criterios aceptados por todos para decidir aquello de lo que nos podemos fiar y aquello de lo que no conocemos suficiente. Entiéndaseme, no quiero aquí volver al manido debate que opone la una a la otra, no me importa admitir que la religión puede servirle a uno para aliviar los golpes del destino y a mantener una actitud positiva en  la vida, tan necesario. Pero mientras la una se basa en la certeza que da el contrastar sus enunciados e intenta formular conceptos sin ambigüedad, a la otra no le salen las cuentas -sí, habéis acertado, estoy pensando en la “santísima trinidad“.

Y no, no acertáis si pensáis que voy a dedicarme a la crítica de la religión. Pero sí de los hábitos que ésta genera. Las sociedades de tradición judeocristiana, y sin pretender que sean las únicas,  tienen una poco saludable tendencia a estructurarse en una clase de iniciados y una multitud de desinformados. Asimetría que usan los primeros para precisamente elaborar conceptos de un contenido vago y multimorfo, de difícil explicación, pero que manejados con habilidad sirven de casa común para los miedos y las esperanzas sin respuesta de los desinformados y actúan como camuflaje perfecto de las intenciones de los iniciados, que no es otra que la de usar dicho concepto, casi dogma, para instrumentalizar precisamente esos miedos o esperanzas al servicio de sus intereses -y sí, habéis acertado, estoy pensando en algo tan trivial como el infierno. 

La efectividad del camuflaje es tanto más efectiva cuanto más intenso sea el miedo, la ansiedad o la esperanza que el concepto aglutina y cataliza. La estrategia es equivalente a poner un objeto bajo un potente proyector, de forma que la luz intensa, a la vez que atrae nuestra atención sobre el objeto, nos permite sólo reconocer su contorno pero no distinguir sus defectos.

Eso es lo que está sucediendo en la escena política española con la “Transición”. Estoy casi convencido de que, a pesar de que la mayor parte de la población actual ha vivido este periodo, la invocación de la Transición en términos simplistas, como decir que es el evento más positivo de la historia política y social española, que ha servido de ejemplo en todo el mundo… etc… , ha hecho el efecto de proyector luminoso de alta potencia que nos la hace visible, presente, pero que evita que reconozcamos sus detalles.

Una parte de la clase política pretende seguir esta “estrategia del proyector”, que en su caso usa no la intensidad de la luz sino el volumen de sus declaraciones, para fosilizar la Transición en un evento histórico y por lo tanto de aspecto perfectivo e inamovible, y, lo que más les interesa, incuestionable. Se asegura así de que mantenga su valor instrumental como casa común de ciertos miedos imprecisos de la sociedad española, entre otros, el miedo a que se vuela a producir un enfrentamiento entre españoles.

Recientemente, como comentario al pacto entre PSOE e IU que desbloquea la tramitación de una ley que me resisto a llamar de la “memoria histórica”, uno de los diarios de tirada nacional tituló en portada “PSOE e IU ignoran la Transición y pactan ilegalizar los juicios del franquismo“. Yo esperaba encontrar en el artículo del mismo título en el interior la explicación de cómo la  ilegalización de los juicios del franquismo supone ignorar la transición. O más aún, por qué supone, como dice el PP, “derribar el pilar fundamental de la reconciliación de los españoles”.

En el artículo no hay explicación que valga. Simplemente se yuxtapone la afirmación con citas tomadas del texto del borrador de la ley. Por lo tanto habrá que deducir que es la ilegalización de los juicios la que supone ignorar la Transición.

El artículo empieza así:

El espíritu de concordia y reconciliación que dio lugar a la Transición democrática hace ahora treinta años se ve seriamente amenazado. Los socialistas del PSOE y los ecocomunistas de IU dieron ayer un importante paso en esa dirección al pactar un nuevo texto de la llamada ley de «memoria histórica» con la que pretenden que el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, declare «ilegales e ilegítimos» los tribunales y las condenas dictadas por estos durante la etapa del franquismo.

Se citan tres párrafos del borrador de la ley, en los que se detallan qué juzgados y consejos de guerra se declaran ilegítimos y se especifica que se trata de declarar ilegítimas aquellas condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos. En concreto:

«se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución»

Creo que aquí se cifra el objetivo que debería ser el de esta iniciativa: restituir el nombre de aquellas personas que fueron juzgadas por delitos que hoy, en un sistema democrático que integra entre sus pilares fundamentales el respeto a los derechos humanos, no lo son. Aquellas sentencias son, de hecho, una violación de los derechos humanos.

Es sorprendente la forma tan diferente de abordar este tema de un país a otro. Recientemente surgió una seria polémica tras las alabanzas vertidas por el actual presidente del estado federado alemán de Baden-Würtenberg en el funeral de Hans Karl Filbinger, que detentó el mismo cargo hasta que se vio obligado a dimitir cuando salió a la luz que había sido juez militar durante el régimen hitleriano, responsable varias condenas a muerte y ejecutor de al menos una de ellas. Mientras que todavía se discute acerca de la necesidad práctica de haber conservado en la posguerra gran parte de la judicatura de dicho régimen totalitario, parece que nadie pone en duda la ilegitimidad de sus actuaciones legales durante la dictadura, especialmente aquellas que atentaron contra los derechos básicos, ni la necesidad de restituir al menos el nombre de las víctimas. De hecho, su posición fue insostenible después de haber declarado “lo que en aquel momento era legal no puede ser hoy ilegal“.

En cualquier caso, es un tema sobre el que se debate en todas las instancias sin que se sienta que con él se pone en peligro la estabilidad democrática alemana. Y la razón es, fundamentalmente, que el actual sistema político alemán no pierde su legitimidad al reconocer y promulgar que el régimen nacionalsocialista era eso, una dictadura y por lo tanto, carente de legitimidad. Y mucho menos compromete la estabilidad de su democracia.

De hecho, resulta paradójico pretender que un sistema político pierda su legitimidad si precisamente denuncia la ilegitimidad de un régimen con el que no comparte ningún valor social o político.

Sin embargo, el artículo, junto con otro de opinión en la misma edición, va más allá y da a entender que el declarar ilegítimos los juicios del franquismo supone restar legitimidad fundacional al sistema vigente. Aparentemente cualquier intento de revisar los términos que se pactaron para llevar adelante la transición privaría al sistema actual de su legitimidad. Pero, ¿no es en sí una actitud soberbia el pretender que la sociedad actual no esté en condiciones de afirmarse en los valores por los que se rige y ajustar su contexto social, político e histórico a los mismos? ¿Quién va a defender la postura de aquellos que no quieren que se revisen los juicios? Digamos que ponemos en entredicho alguno de los contenidos pactados a finales de los setenta. ¿Y qué, qué puede pasar? ¿Quieren decirnos que si renunciamos a lo pactado colapsaría el sistema político actual? ¿Por qué? ¿Habría gente que llegaría a hacer uso de la violencia para defender aquellos pactos que quedasen sin valor?

Una vez más: esos pactos fueron fijados en una situación totalmente diferente a la de hoy, una sociedad completamente diferente a la de hoy. ¿Por qué no dejar que la sociedad actual elija sus valores, incluso si eso supone renegar de algunos de los acuerdos que se pactaron en la transición? ¿Es que son sagrados? ¿No se pueden someter al escrutinio de la razón?

La reacción del PP consiste en afirmar que declarar ilegítimos los juicios del franquismo en los términos fijados en el borrador de la ley  supone “derribar el pilar fundamental de la reconciliación de los españoles”.¿Qué reconciliación se pone en peligro?

¿La de los españoles de 1975?

Eso supone reconocer que había una fractura social que el régimen sólo pudo reprimir, no subsanar y mucho menos reconciliar. Así que, si la armonía entre los españoles es tan preciada, ¿no habría que tomar distancia de ese régimen que, puesto que en treinta años no supo eliminar esa fractura, la alimentaba?

¿La de los españoles de 2007?

Eso supone afirmar que existe actualmente una fractura social que sigue la misma topografía espiritual que la de 1936, la cual, a su vez, era simplemente la prolongación de la inveterada fractura social cuya falla se puede seguir al menos hasta el siglo XIX. Recordemos que la mayoría de los historiadores serios atribuyen el potencial que dio lugar al conflicto a las desigualdades económicas y a los desequilibrios sociales enquistadas en España durante decenios, siglos. Desigualdad abismal en la repartición la riqueza, una economía anclada en la agricultura, una industrialización “interrupta” que no bastó para dar a luz a una clase media con voz propia, una relación casi feudal entre dueños de los medios de producción y trabajadores, una sociedad marcada por el analfabetismo de la mayoría y la falta de cultura política de todos… La situación política proporcionó más bien el detonante, no las razones.   ¿Existe hoy en día una diferencia ideológica y social tan grande en España como para causar un conflicto?

Por más que todos nos acordemos de los camiones de verduras españolas volcados por los agricultores franceses y de cómo nos llevaban los demonios, España dejo de ser un país agrícola ya en los años 70 (menos del 7% del PIB). El sector industrial se convirtió en cenizas con el proceso de integración europea, y con él el campo de cultivo de posibles movimientos sindicales con algún calado social. Hoy día parece que lo más parecido a un proletariado sea una enorme masa de gente con títulos universitarios, varios idiomas y una nómina de algo menos de 1000 euros por mes. Todo el mundo tiene acceso a la alfabetización. Las diferencias de renta entre las diferentes clases profesionales y sociales (promotores inmobiliarios aparte) no son abismales. Por más que nos queramos ver como barcelonistas o madridistas, de (aparentemente ) izquierdas o (aparentemente) derechas, de café solo o de cortado largo de café, la verdad es que la vida de la mayoría de los ciudadanos españoles se parece, en su formación, ingresos, valores e ideas, una a otra como gotas de agua. A mi juicio, en el momento actual no hay factores suficientes para generar un conflicto y mucho menos para delimitar alguna fractura económica, social o cultural clara. A menos que se exacerbe artificialmente. ¿Y no podría ser eso lo que está pasando? ¿Que, irresponsablemente, ciertos actores políticos se sirvan de viejos fantasmas embusteros para crear una división en la sociedad que ya no está ahí?

Es deleznable conjurar el espectro  familiar de las dos Españas, amenazar con un nuevo enfrentamiento entre españoles. Hablar de poner peligro la reconciliación da por sentado que existe el potencial de un conflicto en la sociedad española. Tienen entonces la responsabilidad de decir claramente dónde se encuentran las raíces del mismo. De lo contrario, están insultando a la gente que habita hoy en día en España, puesto que, a falta de una razón para fundamentar una posible confrontación, tal afirmación hace pensar que el enfrentamiento es algo que los españoles llevan en los genes — eso y no otra cosa es el mito de las dos Españas. Lo cierto es que la ignorancia de la población permitió que los bandos del momento se aprovechasen de ella en su enfrentamiento particular.

Los españoles han cambiado, la sociedad ha cambiado, debe llegar el momento en que esta sociedad asuma la responsabilidad de gobernarse y enuncie sus valores y sepa distanciarse de aquellos acontecimiento históricos que, si bien propios, no participan de su espíritu actual.

Se habla de poner en peligro el consenso entre los españoles, de que haya bandos que sean o puedan llegar a ser irreconciliables. Yo, que tenía 9 añitos cuando se votó pasar a un sistema democrático, no termino de entenderlo. He crecido pensando que vivía en medio de un pueblo orgulloso de detentar su propia soberanía y elegir a sus representarse, orgulloso, en fin, de gobernarse. He crecido con la referencia de unos valores comunes – derechos básicos y fundamentales – que nadie pone en duda, todos los compartimos, ahí no veo bandos por ninguna parte. Derechos básicos y fundamentales que fueron negados por la dictadura. No entiendo por qué la legitimidad de este sistema puede compatibilizarse con no condenar el régimen anterior.

Y de ninguna manera veo que la legitimidad del sistema actual – legitimidad que se basa en la aceptación por parte de todos los ciudadanos del país de sus valores fundamentales, legitimidad que hoy en día surge de los propios ciudadanos, no deberían necesitan un consenso fabricado por políticos de espalda a la gente, como durante la Transición – deba ser ni aun parcialmente una continuación de la legitimidad del sistema anterior, con el que tal vez comparte una tradición cultural y una historia común, eso no lo voy a poner en duda de ninguna manera, pero que se edifica sobre un terreno político completamente diferente.

En fin, o bien la transición ya se ha cerrado y estamos en una situación diferente a la del final de la década de los 70, y deberíamos fijarnos entonces en lo que necesita la sociedad de hoy sin imponer dogmas que sean un obstáculo para llevar adelante el desarrollo democrático de la sociedad, o bien no se ha cerrado aún, es decir, la transición es un proceso en curso, entonces como tal mutable en todas sus partes y lo que deberíamos hacer es entender de dónde partió y preguntarnos a dónde queremos que nos lleve.

En ambos casos se me antoja necesario confiar en el espíritu científico para ubicar el bienio constituyente en la categoría los estados de transición, usando para ello la caracterización, el contraste de los diferentes estudios y opiniones, el debate a pecho descubierto, y sacarla del limbo de las amenazas imprecisas, del dogmatismo amordazador. Sacarla de la luz del foco y ponerla al microscopio.

Han pasado sólo 30 años, tal vez parezca poco tiempo para dejar en manos de los científicos, es decir, los historiadores, este estado de transición, efímero, pero lo que sí es cierto es que hay que evitar que los políticos se erijan en sacerdotes que lo conviertan en una entelequia trinitaria y lo instrumentalicen para cegar a sus adeptos.